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Elevan a juicio solo una parte de la causa Pyramis

Jueves, 14 junio 2018

Intermediación financiera

Elevan a juicio solo una
parte de la causa Pyramis

Tras un año de espera, la emblemática causa Pyramis, la cueva financiera donde personalidades empresariales y políticas atesoraban sus dineros en cajas de seguridad, fue elevada a juicio oral luego de un sinnúmero de controversias y presiones políticas que hicieron aletargar la medida judicial. Más aún cuando como uno de los involucrados apareció Marcelo Laslo, el apuntado como testaferro del gobernador Ricardo Colombi, en la polémica compra de la mansión calle Perú, que derivó en un proceso penal.
Desde el 2017 que el Fiscal Federal Flavio Ferrini pedía que el expediente que investigaba a los directivos de la supuesta Cooperativa de Crédito que operaba como un banco, sea llevada a debate, pero por una u otra razón, a veces extrañas y peculiares, el juez del caso, Juan Carlos Vallejos, demoraba esa decisión. Ayer se supo que Vallejos salió del aletargamiento y resolvió sobre la solicitud de Ferrini. Igualmente por ahora, sólo se juzgará la intermediación financiera no autorizada, mientras que continúa el trámite por los delitos más contundentes, como evasión fiscal y lavado de activos, entre otros que integran el Código Penal de la Nación. Asimismo la Resolución de Vallejos puede ser apelada, regresando posiblemente a turbulencias que pueden congelar otra vez las actuaciones.
En su pedido de elevación a juicio, Ferrini informó sobre la finalización de las averiguaciones llevadas adelante con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a -cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta- en la que se responsabiliza de las maniobras a Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi, integrantes del Consejo de Administración de Pyramis; y de Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios, pero que en realidad efectuaba cambio de cheques, compra y venta de moneda extranjera y préstamos de dinero, sin la debida autorización del Banco Central. También piden la extinción de la acción penal contra Horacio Boschetti, quien murió el pasado 5 de julio a raíz de una enfermedad.
LA MANIOBRA
De la acusación se desprende que entre 2.012 y 2.015 los imputados captaron fondos por cerca de 68,5 millones de pesos por parte de personas ajenas a la entidad y, a su vez, capitalizaron intereses por más de 9,5 millones de pesos, cuando el propio estatuto de la Cooperativa mantenía la prohibición de realizar operaciones de ahorro y préstamo.
En el pedido de elevación a juicio, solicitado por Ferrini se determina que está probado de la firma regenteada por el grupo Boschetti, tenía “vínculos económicos con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible”. La investigación sobre los Boschetti no es de ahora, en una primera incursión del ministerio público, “alguien” les avisó desde los corrillos tribunalicios de los allanamientos que iban a suceder, y los dineros pudieron ser retirados en camiones blindados antes que caigan las fuerzas federales. La protección política y judicial a esta cueva financiera era tan notable, que atendían a sus clientes las 24 horas como un tradicional Banco.

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