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Altamirano escondió llaves del Concejo y “enfermó” secretaria para que no lo echen

Los concejales de ECO-Cambiemos de San Roque impidieron en la noche el viernes la sesión para suspender al viceintendente José Roberto Altamirano, acusado de corrupción. Bloquearon la asunción de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante , no dando quórum.
Los ediles oficialistas denunciaron la desaparición de las llaves de acceso a las oficinas y los libros de actas del Cuerpo. La secretaría del Concejo se internó por un pico de estres.
Altamirano, que pertenece a ECO está imputado en una causa penal, debía ser suspendido en una sesión del Concejo Deliberante.
En medio de este conflicto, se supo en San Roque que la secretaria del Concejo terminó internada de urgencia por un pico de estrés en el hospital. Los concejales que querían sesionar se pusieron a su disposición y le solicitaron las llaves de acceso y los libros de actas. Pero la mujer manifestó que Altamirano tenía todo en su poder.
Ante la ausencia del viceintendente y de todos los concejales de ECO, los ediles presentes intimaron, mediante una exposición policial para que devolviera las llaves y los libros, lo que hasta esta anoche no  ocurrió.
La concejal autonomista Laura Salinas, quien es vicepresidenta primera, debía asumir la conducción del Concejo ante el procesamiento judicial confirmado de Altamirano. En segundo lugar, se encuentra el vice segundo, Mohamed Hadad, del PJ.
Los concejales de ECO que no dieron quórum y se alinearon con Altamirano son: el radical Nicolás Domínguez, que también es su abogado, presidente de la UCR local; Lidia Montenegro, que es docente y dirigente del Partido Autonomista, también se ausentó,  la concejal Mariana Pasetto, que es dirigente de ELI, abogada e integrante del Colegio de Abogados.
Domínguez, Montenegro y Pasetto, los tres concejales (todos de ECO-Cambiemos) que no dieron quórum y, de esta manera, José Altamirano, que en 2017 se pasó a la alianza ECO en San Roque de la mano del senador Pedro Braillard Poccard, tiene procesamiento firme de la Justicia de Corrientes.
El Tribunal Oral Penal de Goya comunicó que la causa irá a juicio por el delito de “fraude en perjuicio a la administración pública agravado por tratarse el sujeto activo de un funcionario público”.
El delito denunciado es por haber cobrado doble sueldo público al mismo tiempo, lo que es ilegal: uno por su función municipal y otro como empleado del Senado Nacional en el despacho de Braillard Poccard.
El artículo 400 de la Carta Orgánica del Municipio de San Roque establece, en el segundo párrafo, que todos los funcionarios públicos quedarán suspendidos automáticamente cuando tengan en su contra un procesamiento firme por delitos con relación a la función pública. Altamirano está legalmente separado de su cargo por el imperio de esa ley máxima desde el momento que fue notificado por la Justicia del procesamiento firme.

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