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El Estado nacional acusa a la Justicia correntina

El Estado Nacional intervino directamente ante la Corte Suprema por el arbitrario encarcelamiento del ex concejal Ariel Fernando Pereira, considerado el primer preso político de Corrientes desde el advenimiento de la democracia en 1983. El capricho de Ricardo Colombi de ordenar la prisión del otrora edil goyano del Frente de Todos, le traerá un fuerte dolor de cabeza al sistema judicial correntino que estaría al límite de una intervención federal. El propio ex ministro de Justicia, Germán Garavano ya le adelantó al Superior Tribunal (STJ) local sobre esta posibilidad, debido a la construcción de una gama de expedientes penales que involucraban a dirigentes del justicialismo, entre ex intendentes y legisladores nacionales, como a un ex mandatario provincial. Ocurrió en una reunión en el predio de la calle Carlos Pellegrini, en septiembre de 2019 pocas semanas después de las PASO, cuando el gobierno de Mauricio Macri ya empezaba su retirada. Tras la revelación de Garavano, y por sugerencia del Fiscal General, Cesar Sotelo, se corrigieron algunas causas, menos la insólita prisión de Pereyra, penado a dos años por cobrar irregularmente un adicional por título en su recibo de sueldos. Colombi no dejó que se modifique esa sentencia, que en realidad tenía que haber sido en suspenso. Ahora el propio gobierno argentino se presentó ante el máximo órgano jurídico del país, a reprochar la condena desde la cartera de Derecho Humanos de la Nación a través de un Amicus Curiae.
Esta clase de presentaciones son realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución objeto del proceso. Sin embargo en este caso, El Estado Argentino fue mucho más allá, al prácticamente exigir como Poder Ejecutivo a la Suprema Corte que acepte el recurso de Queja interpuesto por la defensa de Pereira para corregir, lo que entiende, fue una arbitrariedad.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de un AMICUS CURIAE denunció ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las serias irregularidades que cometió la Justicia de Corrientes para encarcelar a Pereira. Argumenta que el ex concejal, es un dirigente político reconocido en la ciudad de Goya, en la cual fue ocho años representante legislativo del municipio por el partido político opositor al gobierno radical, y además es dueño del sitio web periodístico de esa localidad, crítico al oficialismo de la Provincia.
La supuesta defraudación por la cual Pereira permanece detenido hasta el día de hoy e inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, tiene que ver con un plus salarial por título universitario cobrado irregularmente durante 19 meses. En el proceso de juicio político que se le inició por este tema, culminó con su absolución, al determinarse que no hubo defraudación a la municipalidad de Goya “porque en toda la documentación presentada en el área de personal, no existía una sola documentación apócrifa”. El plus por el cual Pereira permanece privado de su libertad era de 238 pesos, que en los 19 meses que lo percibió, representaron un total de 4.525 pesos. Suma que ofreció a devolver y no le fue aceptado.

JUEZ Y PARTE

Según denunció el ex concejal, Darío Ortiz, que fue el juez de instrucción y también de juicio (violación de la garantía de juez imparcial) se desempeñaba como Jefe de Personal de la Municipalidad, responsable del pago de esos adicionales. Y en su momento rechazó inhibirse en el expediente. No solo no se inhibió, sino que resolvió el sobreseimiento de otras 19 personas que también habían cobrado igual plus salarial que Pereira sin el título. Ortíz alegó que se trató de un error administrativo, pero decidió enjuiciarlo al ex edil del justicialismo. Finalmente Pereira fue sentenciado por el delito de fraude a la administración pública por el mínimo de la pena (2 años) con cumplimiento efectivo, cuando el fiscal del caso había solicitado que la condena quedara en suspenso, como suele ocurrir con las penas de hasta tres años sin antecedentes penales previos. Y además, se lo inhabilitó de por vida a ocupar cargos públicos, siendo Pereira un reconocido dirigente político de Corrientes.
En su presentación, Pietragalla Corti, sostiene que la Secretaría de Derechos Humanos, tiene interés legítimo y concreto en que la sentencia condenatoria de Pereira sea revisada ampliamente por la Corte Suprema a los fines de evitar una futura sanción al Estado argentino, si se declarase inadmisible el Recurso Extraordinario Federal por el Superior Tribunal Correntino. El amicus curiae también buscaría evitar cualquier violación a los tratados internacionales de derechos humanos, como ocurriera en el caso Raúl Rolando Romero Feris.

EVALUEN OTROS JUECES

La SECRETARÍA DE DD HH DE LA NACION considera verosímil la denuncia, considerando que “hubiese sido una condena condicional, tal como lo solicitó la parte acusadora”. Ahora el organismo nacional pide que sea abierta la queja interpuesta por la defensa de Pereira, y que se trate el Recurso Extraordinario Federal con el único fin de que otros jueces, por fuera del ámbito provincial, puedan evaluar el cumplimiento o no del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de razonabilidad y no discriminación por razones políticas para la imposición de la pena de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

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