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Causa Malvino, un juicio que “preocupa” al poder político

Ariel Malvino (21 años) fue asesinado a golpes, hace 14 años, en el balneario brasileño de Ferrugem. Los tres correntinos imputados por esta muerte, Carlos Andrés Gallino Yanzi, Horacio Antonio Pozo y Eduardo Braun Billinghurst, podrían ir este año a juicio ante jurados populares. El estudiante porteño murió a la salida de un boliche el 19 de enero de 2006. El poder político, un atentado armado, como una justicia complaciente de un juez federal que ya no está más, evitaron la extradición a Brasil de los involucrados en este crimen.
Los grupos familiares de dos de los procesados, mantienen relaciones comerciales con el gobierno radical, con licitaciones de compras y obras públicas. La madre de unos de los inculpados terminó siendo jueza en un Tribunal Comercial, por sus vínculos políticos.
Según fuentes de la investigación, la causa se encuentra actualmente en el Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina a la espera de la realización de un juicio con jurados populares. En octubre de 2019, el vicepresidente segundo de ese tribunal, Carlos Adilson Silva, habilitó a los defensores la tramitación de un recurso especial de efecto suspensivo del debate, que el 29 de noviembre les fue rechazado.
Gallino Yanzi y Pozo serán juzgados por el delito doloso de “lesiones corporales con resultado de muerte”, mientras que Braun Billinghurst por “tentativa de homicidio agravado”, ya que se le atribuye haberle arrojado una piedra a Malvino cuando este estaba en el piso. Aseguran que el juicio se desarrollará con la ausencia de los imputados.
Actualmente Eduardo Braun Billinghurst con 35 años, está casado, tiene dos hijos y maneja la firma Nordemaq junto a su hermano Lautaro -quien lo acompañó en las vacaciones de aquel verano de 2006-, con quien vende maquinaria pesada. Sus negocios están estrechamente ligados al gobierno local.
Gallino Yanzi, de 40 años, se mudó a Neuquén y está en pareja. Mientras que Horacio Antonio Pozo de 36 años, está casado y tiene dos hijos. Es veterinario, pero está abocado a una empresa constructora propiedad de su familia, con obras que les realiza a la provincia, gracias a los vínculos de su padre, el diputado provincial (ELI) Horacio Pozo. No para pocos, el resurgimiento de este proceso preocuparía y bastante a las altas cumbres del poder.

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