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130 mil mensajes y 52 mil llamadas en el entramado de la Causa Sapucay

Un informe de la Procuraduría Nacional contra el Narcotráfico (PROCUNAR) profundiza sobre el análisis de comunicaciones entre los miembros de la red narco con cabecera en la ciudad de Itatí.

130 mil mensajes de texto y 52 mil llamadas, claves para desentramar la red narco que apareció en escena a través del Operativo Sapucay.
Un informe de la Procuraduría Nacional contra el Narcotráfico (PROCUNAR) profundiza sobre el análisis de comunicaciones entre los miembros de la red narco con cabecera en la ciudad de Itatí.
Se analizaron 130 mil mensajes de texto, 52 mil llamadas y 4.678 números, y entre los principales resultados se identificó una serie de llamados que coincidía con resoluciones dictadas por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes para garantizar libertad a personas imputadas.
Según se detalla, la PROCUNAR había advertido que en uno de los 35 sumarios judiciales por narcotráfico que se desarrollaban en forma aislada, la causa N° 3822/15, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes había dispuesto la intervención de 292 líneas telefónicas en un plazo de un año y medio, pero llamativamente en el expediente obraban muy pocas transcripciones.
Detectada esta disparidad, se conformó un equipo con agentes de la Gendarmería Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), del Ministerio de Seguridad de la Nación, a quienes el MPF proveyó de equipos de informática y red, así como un espacio físico, a efectos de proceder a las tareas de escucha y desgrabación del contenido de 4860 discos compactos con comunicaciones telefónicas del mencionado expediente.
Una de las etapas consistió en la cristalización. Una de las estrategias desplegadas por PROCUNAR fue el censo en la cadena de responsabilidades, cuando en el mes de noviembre de 2018 se logró la aprehensión de uno de los principales líderes de la organización narcocriminal de Itatí: Federico Sebastián Marín.

LA NARCO-POLITICA

La considerable cantidad de procedimientos realizados en la zona aledaña a Itatí –con grandes cargamentos de estupefacientes secuestrados, pero sin detenidos– comenzaban a fortalecer la hipótesis respecto de la existencia de una red de protección en torno a la organización.
Para 2017, el avance de la causa n° 3002/17 mostraba resultados concretos que confirmaban cómo funcionarios de diversas fuerzas de seguridad y personalidades de la política local eran conniventes con la organización criminal; entre ellos el Intendente y el Viceintendente de Itatí, un comisario de la policía provincial, y miembros de la delegación de PFA en ese pueblo, todos detenidos.
Durante 2018 la investigación escaló un peldaño más. Las comunicaciones interceptadas en la causa N° 3822/15 daban cuenta que los distintos investigados mantenían asiduos diálogos con un grupo de abogados defensores, y con un ex intendente de la localidad de Empedrado, Corrientes, en los que se negociaban montos de dinero a cambio de asegurar la libertad de personas investigadas por actividades narcocriminales y ligadas íntimamente a esta organización.
Se obtuvieron resultados aún más llamativos: cada uno de estos diálogos coincidía con resoluciones dictadas por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, a partir de las cuales, efectivamente se garantizaba la libertad a aquellas personas imputadas, ya sea mediante un auto de falta de mérito, una excarcelación o una exención de prisión, actos jurisdiccionales en los que, además del Juez, estaban involucrados dos Secretarios Penales, quienes actualmente lograron su excarcelación. Soto Dávila toda continúa con prisión domiciliaria.

Las escuchas a Soto Dávila

Se solicitaron y examinaron los listados de llamados entrantes y salientes correspondientes a los abonados telefónicos utilizados por el Juez (Carlos Soto Dávila) y los dos Secretarios del juzgado correntino. Asimismo, mediante el software de análisis reticular IBM “i2”, se contrastó los listados de llamados con un directorio de 4678 abonados, que fue elaborado sobre la base del trabajo realizado en la segunda etapa, hallándose múltiples contactos telefónicos entre los funcionarios judiciales, el grupo de abogados y el ex intendente de Empedrado, los cuales coincidían temporalmente con el dictado de aquellas resoluciones que resultaban sospechosas.

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