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La Iglesia acepto “reemplazo gradual” de los aportes del Estado

La Iglesia acordó hoy “el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles”, y conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario, además de continuar en diálogo con el Gobierno nacional para consensuar “diversas alternativas que facilitarán” el traspaso de una modalidad a la otra. Así lo informó la oficina de prensa de la Confederación Episcopal Argentina (CEA) al término de cinco días de deliberaciones de los obispos de todo el país, que se reunieron en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el titular del cuerpo y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea. “Los obispos reunidos en la 116° Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)”, dice el comunicado difundido este viernes por la CEA. La postura de las máximas autoridades de la Iglesia en el país va en sintonía con lo que expuso en la mañana de este viernes el Papa Francisco, quien sostuvo que “la mantienen los fieles”. El avance hacia la renuncia de la Iglesia al aporte del Estado establecido en la Constitución Nacional cobró fuerza en medio del debate por la legalización del aborto, cuando se alzaron voces a favor de la “separación” Iglesia-Estado, lo que derivó en la creación de una comisión Gobierno-Episcopado para estudiar el tema. En base al artículo 2 de la Constitución y a un decreto de 1979, los obispos reciben una asignación mensual que hoy promedia los 40 mil pesos, mientras que los párrocos de frontera y los seminaristas menores reciben una pequeña ayuda. Ello implica para este año una erogación del Estado de poco más de 130 millones de pesos, alrededor del 7 % del presupuesto de la Iglesia católica, o sea, de los 65 obispados en que se divide eclesialmente el país. Ese aporte quedó en el ojo de la tormenta, pero la Iglesia se opuso férreamente. Sobre todo, cuando en uno de sus habituales informes ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló la cifra de esa contribución ante un pedido de la diputada Carla Carrizo, de Evolución. Para los obispos aquello fue una maniobra destructiva del Gobierno, al igual que la habilitación del proyecto sobre el aborto.

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