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70.000 empleados públicos

Ricardo Colombi reconoció que debe pagarle el sueldo a casi 70.000 empleados públicos, cuando dejó el gobierno en diciembre de 2005, había un poco menos de cuarenta mil. “El Estado no da más, no podemos seguir pagando 70 mil sueldos…”, fue uno de los párrafos que pasó casi desapercibo de las declaraciones que el primer mandatario formuló en rueda prensa el lunes por la mañana.

 

 

 

 

 

“El Estado no da más, no podemos seguir pagando 70 mil sueldos…”, fue uno de los párrafos que pasó casi desapercibo de las declaraciones que el primer mandatario formuló en rueda prensa el lunes por la mañana. Se calculan que son más de 68.000 los agentes estatales que perciben salarios todos los meses en una provincia agobiada financieramente, donde la actividad privada a niveles de desarrollo brilla por su ausencia. Corrientes no es menos que otras. Bajo sus pies reposa parte del acuífero guaraní, envidia de potencias mundiales jaqueadas por la escasez de agua potable en sus dominios. Esta rodeada de dos ríos caudalosos y en sus entrañas, recorren un sinnúmero de arroyos y afluentes de buena envergadura. Limita con tres países, uno de ellos, Brasil, considerado como la novena economía del planeta. También yace en su territorio una de las represas hidroeléctricas más importantes de la tierra. Cuando Ricardo Colombi partía del sillón de Ferré en diciembre de 2005, el presupuesto de ese periodo marcaba una población laboral dependiente del Estado de 39.949 agentes según la ley 5673 (ver facsimil). Para el 2008, la plantilla oficial, sin los famosos contratos de obras o de locación de servicios y becas subsidiadas por la administración central, el número ascendía a 49.280, unos 9.331 más que tres años antes, aunque la cantidad jamás se ajustaría a lo preestablecido en la norma, la llamada ley de leyes.

Como si fuera una fábrica de gran envergadura y de producción acelerada, la caja estatal siguió soportando los embates del uso y mal uso de sus recursos a ensanchar la grilla salarial. Y que no precisamente significaría el aumento en los alicaídos sueldos de los empleados públicos. ¿Pero verdaderamente trabajan los 70.000 que puntualizó el gobernador Colombi? Los polémicos excedentes de coparticipación federal que en un 50% durante el 2008 tuvieron que ser derivados al incremento de haberes, ya no hay dudas que fueron consumidos por nuevas altas (contratos y nombramientos). ¿ATE, UPCN y CTA no sabían esto? O simplemente movieron sus reclamos gremiales orientados a defender la cuota sindical de nuevos y potenciales socios para sus mutuales y organizaciones, mientras el erario público ingresaba a una sala de terapia intensiva financiera. La provincia no puede acarrear el negocio de un puñado de oportunistas y de la elocuente depredación política, cuando en sus hospitales mueren pequeños por desnutrición por no tener que comer. Entre los 49.000 agentes de 2008 a los cerca de 70.000 de 2009, hay más de 20.000, verdaderamente impresionante para un solo periodo. ¿Se acabará esta historia?

 

 

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